Verificación y Control de Instalaciones Eléctricas

En el Paraguay la gran parte de los incendios y los accidentes por electrocución son producidos por la precariedad y deficiencia de las instalaciones eléctricas. Esto es algo irrefutable. La carencia de infraestructura eléctrica apropiada es sumamente notable. Esto constituye un déficit público, pero en gran medida también afecta a las instalaciones del sector privado.

Con motivo de estas carencias, el ciudadano sufre problemas relacionados con la electricidad (e.g. apagones, cortes de luz, quema de equipos electrónicos, incendios, cortos circuitos, daños menores) con una frecuencia particularmente importante. Ello resulta sumamente quijotesco, si consideramos que el Paraguay tiene la represa hidroeléctrica más grande del mundo y es un líder natural en la generación de energía limpia (clean energy). Definitivamente no basta contar un premio Cervantes (A. Roa Bastos) cuando las carencias en educación son manifiestas y gran parte de la población sigue siendo cuasi-analfabeta. Una golondrina ciertamente no hace primavera.

A los problemas relacionados con la electricidad hay que agregar el hecho que, por lo general, en el país se utilizan productos inseguros y de baja calidad. La cultura de lo informal y falsificado, en muchos casos, resulta sumamente fuerte. Es así que los productos de baja calidad son comercializados en el mercado con exiguo control. De igual manera, el problema se torna mucho más acuciante, si tenemos en consideración que, en muchos casos, en la construcción de infraestructura se utiliza mano de obra no calificada sin la debida acreditación. Pero quizás el mayor problema sea la falta de control de los organismos que deben ejercer la función de reguladores sectoriales. La debilidad de los mismos y la ausencia total de cultura regulatoria solo fomenta la aparición de problemas similares. Se estima que el 80% de los incendios registrados en el país fueron ocasionados por problemas eléctricos. El control y la verificación de los equipos debería ser mucho más fuerte, máxime si el objetivo fuera reducir la ocurrencia y las consecuencias de dichos incidentes.

A los efectos de comprender mejor el problema, es preciso mencionar al Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN), como la entidad encargada de apoyar la mejora de la calidad, productividad y otorgar la certificación de conformidad de los productos nacionales, con las normas técnicas, de manera a fortalecer el desarrollo económico y social del país mediante sus organismos técnicos.

A través de su departamento de normalización, el INTN ha aprobado una norma específica en materia de instalaciones eléctricas de baja tensión.  El INTN cuenta con Comités Técnicos de Normalización (CNT 2 de Electricidad).  En este mismo sentido, el Congreso Nacional sancionó recientemente la Ley 5668/16 (Ley), la cual tiene por objeto la verificación y control de calidad y seguridad de los productos y servicios en las instalaciones eléctricas. Dicha Ley normativiza las regulaciones específicas sobre instalaciones y productos eléctricos aprobados y publicados por el INT.

El objeto de la Ley es garantizar la seguridad de las personas y demás seres vivos, así como de los bienes materiales, velando por la seguridad y la confiabilidad de las instalaciones eléctricas, buscando disminuir los focos de incendio y muertes por electrocución, ante condiciones atribuibles a la calidad de las instalaciones y de los productos eléctricos utilizados en las mismas. Para cumplir con el objetivo de verificación, control de la calidad y seguridad de las instalaciones eléctricas, la ley dispone las siguientes exigencias: i) los profesionales calificados deberán contar con una certificación de competencia laboral que los habilite para realizar instalaciones eléctricas; ii) la verificación de la instalación eléctrica en general deberá ser realizada, ya sea de propiedad pública o privada una vez concluida la instalación y antes de su puesta en servicio.

Además, la Ley establece que, cumplidos los 365 días desde la publicación, las dos distribuidoras de energía eléctrica en el Paraguay ANDE y CLYFSA, no podrán conectar a sus redes eléctricas aquellas instalaciones nuevas, modificadas o ampliadas que no cuenten con el certificado de inspección emitido por el Organismo de Inspección Acreditado. Es importante mencionar el avance que significa la promulgación de dicha Ley, que será de cumplimiento obligatorio, situación que no se daba con la normativa anterior que era de cumplimiento voluntario.

Si bien ya existe una ley, se necesita aún más que eso, ya que se precisa de un soporte que pueda poner en marcha lo reglamentado y así poder cumplir con el objetivo. Actualmente el INTN sigue trabajando por medio de su Departamento de Normalización en la implementación de Ley.

Con respecto a la certificación del personal técnico, actualmente es la ANDE quien se encarga de otorgar una habilitación para que el profesional, este autorizado a realizar instalaciones eléctricas. En la práctica la mayoría no cuenta con dicha habilitación.  Según la nueva Ley, el INTN, será la entidad encargada de otorgar esta habilitación.

En cuanto a la verificación de la calidad de los productos ya sean nacionales o extranjeros: Las empresas fabricantes o las importadoras según sea el caso, se deberá someter a la verificación de producto fabricado o importado, como así también a los ensayos de laboratorios para que puedan acceder a una certificación de calidad para garantizar ciertos estándares que se exigirán.

Es sumamente importante que podamos contar con una ley que realice de manera obligatoria la certificación de la calidad de los productos como también la certificación que se otorgara al profesional, ya que esto debería implicar no solamente una disminución en el porcentaje de incendios y muertes por electrocución, sino también cumplir con el objetivo exigido por la Organización Mundial de Comercio a través del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC) en donde se reconoce el derecho de los Miembros de la OMC a aplicar medidas para alcanzar objetivos normativos legítimos, tales como la protección de la salud y la seguridad de las personas o la protección del medio ambiente.

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