Reglas de Transparencia: Creación de registro de beneficiarios finales

En fecha 20 de noviembre de 2019 fue sancionado por la Cámara de Diputados un Proyecto de Ley por medio del cual se crea el Registro de Beneficiarios Finales de las personas jurídicas que operan en la República del Paraguay, a fin de incorporar reglas de transparencia y así, asegurar la existencia de información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final y el control de las personas jurídicas.

El mencionado proyecto de ley forma parte del grupo de proyectos de ley antilavado de dinero. La iniciativa se presenta en el marco de cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamericana (Gafilat), cuyos representantes se encuentran analizando la eficiencia del Paraguay ante la lucha contra el terrorismo y la prevención del lavado de activos.

Las personas jurídicas obligadas a individualizar a sus beneficiarios finales son:

  1. Sociedades anónimas y de responsabilidad limitada;
  2. Universidades;
  3. Cooperativas;
  4. Iglesias y confesiones religiosas;
  5. Fideicomisos, fondos de Inversión u otros vehículos jurídicos;
  6. Fundaciones;
  7. Asociaciones que tengan por objeto el bien común;
  8. Asociaciones Inscriptas con capacidad restringida; y,
  9. Demás sociedades reguladas en el Código Civil Paraguayo.

La autoridad de aplicación es el Ministerio de Hacienda a través de la Abogacía del Tesoro.

Los sujetos obligados deberán presentar sus Estatutos Sociales y la última asamblea de elección de autoridades, dentro de un plazo máximo de 12 meses contados desde la vigencia de la ley. Se deberán individualizar por medio de declaración jurada a los beneficiarios finales y mantener un archivo actualizado durante un período mínimo de 5 años.

En caso de incumplimiento y hasta tanto este sea subsanado, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) procederá a la bloqueo del Registro Único del Contribuyente (RUC). Así también, las entidades que integran el Sistema Financiero tales como Bancos, Financieras, Casa de Cambios, Casas de Bolsa, Cooperativas, y otras, no podrán realizar operaciones activas, pasivas o neutras con dichas personas jurídicas. 

En caso de que el Beneficiario Final sea modificado, se deberá comunicar a la Abogacía del Tesoro en un plazo máximo de 15 días hábiles de producirse formalmente el hecho.

En caso de incumplimiento, serán aplicadas multas directas que podrán variar entre 50 y 500 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas. Por otro lado, quien se negaré a proporcionar o proporcionará información falsa o incompleta al Registro de Beneficiario Final será pasible de sanciones de multa de hasta 500 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas o inhabilitación, acorde a la gravedad de los hechos. Los montos que resulten de la aplicación y percepción de las multas serán destinados exclusivamente a programas de prevención y mitigación de riesgos del lavado de activos, la formalización del sistema financiero y económico, así como el fortalecimiento institucional de las instituciones vinculadas a tales actividades.

La Abogacía del Tesoro Informará bimestralmente al Banco Central del Paraguay (BCP), a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y a la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda (SET), el listado de las personas jurídicas que se encuentren en cumplimiento. Además, el referido listado deberá ser publicado en el portal web y será de libre acceso ciudadano.

El Registro de Beneficiarios Finales será accesible para los Organismos y Entidades del Estado, así como los sujetos que cumplan funciones de prevención, investigación y sanción de hechos ilícitos que pudieren realizarse mediante la utilización o control efectivo final sobre una persona jurídica u otras estructuras jurídicas.

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