Los Reglamentos del Río: un Desafío para la Dinámica del Transporte y del Comercio

El comercio paraguayo requiere del transporte de productos La importación, exportación e incluso de industrialización de bienes requieren para su operativa un sistema de transporte seguro, efectivo y a precios competitivos. La modalidad fluvial de transporte juega aquí un rol protagónico, pues es la que se encarga de la entrada y salida del 80% de los bienes utilizados en Paraguay.  Además de su significativo impacto en el comercio nacional, el transporte fluvial paraguayo reviste superlativa importancia en la “Hidrovía Paraguay-Paraná”. A través de ésta circulan productos entre Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay. Mediante su conexión con la modalidad marítima de transporte, la Hidrovía hace posible el transporte de bienes al resto del mundo. En la actualidad, el 90% del transporte de la Hidrovía lo realizan embarcaciones paraguayas. Nuestro país cuenta con la tercera flota fluvial a nivel mundial en lo que refiere al número de remolcadores y barcazas.  Como esta flota se encuentra inscripta bajo bandera nacional, la legislación paraguaya, a través de diversas disposiciones legales y administrativas emanadas de y controladas por varias autoridades gubernamentales, rige su constitución y funcionamiento.

La normativa fluvial paraguaya persigue un doble objetivo. En primer lugar, ella busca garantizar la seguridad en el tráfico fluvial. En segundo lugar, la reglamentación se encuentra orientada a mantener el  dinamismo propio de la actividad. Tres aspectos característicos de la actividad hacen que este desafío sea mucho mayor: El sector se encuentra fuertemente regulado por múltiples tratados internacionales sobre navegación y libre comercio. La operativa cotidiana implica que los armadores tengan que respetar a su paso autoridades nacionales de otros países, así como la reglamentación que ellas dictan. Por último, todo el sector se encuentra vinculado con organismos internacionales como la Organización Marítima Internacional (OMI) – agencia especializada de las Naciones Unidas en la materia.

Con la finalidad de elevar los estándares de seguridad y alinear las disposiciones administrativas a las leyes nacionales vigentes, recientemente el Poder Ejecutivo ha promulgado los Decretos 1.994 y 2.115. A través de estos decretos, el Poder Ejecutivo ha reasignado atribuciones de las instituciones encargadas de la administración de seguridad en el río, para la incorporación de embarcaciones y para la operación regular de embarcaciones ya incorporadas.

Así, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se erige como autoridad de abanderamiento. El MOPC autoriza la incorporación de embarcaciones a la flota mercante del país. La Dirección General de Marina Mercante (DGMM) es la autoridad de registro de bandera; ente encargado de regular y fiscalizar las leyes y reglamentos de la marina mercante nacional, puertos y afines. La Prefectura General Naval (PGN) es designada como la policía fluvial y como autoridad de puerto. Además, representa al Paraguay ante la OMI.

La DGMM tiene a su cargo la expedición de determinados certificados como el de arqueo, francobordo, dotación mínima de personal, seguridad de la navegación y la habilitación anual. En cuanto a las inspecciones, las mismas deben realizarse en base a un Reglamento Nacional de Inspecciones y siguiendo un plan de inspección. La DGMM realiza la inspección inicial para incorporación de embarcaciones, delegando dicha tarea en sociedades clasificadoras reconocidas por ésta. Adicionalmente la DGMM tiene atribuciones para fiscalizar las embarcaciones “en cualquier momento.” Por su parte, la PGN se encarga de la expedición del certificado de matrícula, del certificado de navegabilidad y del certificado de seguridad de máquinas. En cuanto a las inspecciones, la PGN tiene a su cargo la inspección periódica de las embarcaciones, previa a la renovación de los certificados mencionados. Adicionalmente, a partir del 1 de Enero de 2015, las embarcaciones de bandera paraguaya que realicen viajes internacionales deberán contar con el “Código Internacional de Gestión de la Seguridad operacional del buque y la prevención de la contaminación” (Código IGS), aprobado por la OMI.

Desde el punto de vista operativo, cada inspección de la flota con motivo de un requerimiento regulatorio, implica tiempo de no navegación. A su vez, el retraso en la obtención de los certificados estatutarios, tiene como consecuencia que las embarcaciones no puedan navegar. Por ello, la implementación de los nuevos reglamentos del río debe realizarse de forma estratégica y operativamente funcional. Esto constituye un desafío al que las autoridades gubernamentales y los armadores deben hacer frente de manera conjunta, en atención a que el buen o mal funcionamiento de la dinámica del transporte fluvial afecta de manera directa y transversal a todos los sectores del comercio paraguayo y regional. En estos tiempos de fuerte empuje tanto del sector privado como del sector público para atraer inversiones al país, para fomentar la industrialización, potenciar las exportaciones, y en definitiva, de concreta apuesta al crecimiento de la economía nacional, debe tenerse especial cuidado en que las políticas regulatorias apunten a facilitar el comercio y no a desacelerar su marcha.

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