Ley de Factoraje, un mecanismo aliado para conseguir liquidez

En nuestra situación actual, con la pandemia por COVID-19, la liquidez en nuestros emprendimientos se volvió un problema de consideración. La reciente Ley N° 6542 o también conocida como Ley de Factoraje, pretende otorgar dicha liquidez - especialmente a las pymes quienes son las más aquejadas por esta circunstancia.

La Ley de Factoraje regula tres cuestiones específicas, El contrato de Factoraje, La Factura cambiaria y El Sistema Electrónico de Operaciones Garantizadas (SEOG). En este artículo, analizaremos los dos primeros puntos regulados en esta ley. 

Con relación al Contrato de Factoraje, la Ley lo define como el negocio jurídico por el cual una persona  denominada cedente, cede total o parcialmente, en venta o en administración, a otra persona, denominada factor o cesionario, los derechos de crédito pecuniarios provenientes de su actividad comercial o de prestación de servicios, a cambio de una retribución, ya sea, en la forma de descuento proporcional sobre las sumas que le anticipe el factor, de una comisión o porcentaje sobre el importe de los créditos cedidos, o cualquier otra prestación acordada entre las partes.

De la definición otorgada por la ley, podemos notar que mediante el contrato de Factoraje podemos ceder créditos, en su totalidad o al menos en parte. Además, esta cesión será posible efectuarla en venta transfiriendo la titularidad de las deudas o en administración de los créditos, esto sería sin transferir la titularidad de los derechos crediticios. Los documentos de crédito pueden estar instrumentados en facturas a crédito u otro tipo de documento donde conste un beneficio monetario a nuestro favor. La ley prevé incluso que los créditos asentados en los libros de comercio podrán ser objeto de factoraje, siempre y cuando exista alguna prueba escrita de su existencia. Asimismo, también podemos ceder contratos de prestación de servicios como contratos de alquileres entre otros.

La ley refiere además que mediante el contrato de factoraje se podrá anticipar recursos del derecho de crédito objeto de la cesión; también es posible recibir un crédito que tenga por objeto una obligación de pagar suma de dinero en un plazo determinado, ya sea con o sin descuento. Faculta también a realizar operaciones con los créditos, proteger o gestionar la protección al cedente contra el impago del deudor.

Mediante el Contrato de Factoraje será posible igualmente, entregar la administración de nuestra cartera de derechos de crédito, en este caso, terceras personas podrán encargarse del cobro sin la necesidad de la cesión total o parcial de la cartera de créditos y será posible efectuar el cobro en nombre propio o en nombre del cedente. La cesión de administración podrá efectuarse a cambio de un monto pactado, a cambio de un porcentaje del crédito recuperado o a cambio de cualquier contraprestación pactada entre las partes. 

Cabe destacar que se debe notificar al deudor de los derechos del crédito cedido, y los elementos esenciales de la cesión de forma tal, que el deudor tenga conocimiento del nuevo acreedor, así como de las instrucciones del pago. Si la forma de notificación no fue pactada entre las partes, debe hacerse por medio de Escribano Público, por telegrama colacionado o por cualquier medio certificado o correo con acuse de recibo.

Otro punto para destacar son las responsabilidades del cedente o vendedor, y es que al momento de la cesión, debe responder por la existencia del crédito cedido, como así también por el cobro del crédito cedido, salvo que se haya pactado expresamente su eximición. 

Con relación a la Factura Cambiaria, la ley cubre un vacío existente anteriormente ya que, si bien se confería fuerza ejecutiva a las facturas conformadas reconocidas en juicio, no existía una definición legal de éstas, y fueron la doctrina y la jurisprudencia de nuestros tribunales quienes se encargaron de definirla. La nueva ley la define como el título de crédito emitido a la orden, a cargo del adquirente de un bien o servicio, quien está obligado a pagar al legítimo tenedor la suma de dinero consignada en el título, al vencimiento de este. 

Se establece además que para su formalización y que posea valor como título, deberá contener los requisitos establecidos en esta ley así como los que establezca la SET al momento de reglamentarla, haciendo lo propio esta institución para las facturas electrónicas. La ley reconoce a la factura cambiaria fuerza ejecutiva, contra el deudor aceptante y los endosantes, no obstante, para conferirle fuerza ejecutiva es necesario que la factura sea reconocida judicialmente en una acción preparatoria previa al juicio ejecutivo, o la misma debe estar certificada por un Escribano Público y registrada en el libro respectivo; en este caso, posee fuerza ejecutiva directa.  Los requisitos establecidos para la factura cambiaria son: Debe contener la leyenda “Factura Cambiaria” como título en el documento; además debe contar con lugar y fecha de emisión; también debe contar con fecha de vencimiento de pago; se debe consignar el concepto de la emisión; el monto adeudado en letras y números además del tipo de moneda. Se debe asentar también los datos del emisor como nombre y número de RUC; se debe consignar también los datos de la persona en favor de quien se emite, como Nombre o denominación social, RUC o cédula de identidad. También se debe asentar el domicilio del deudor y el lugar de pago. Además, se deberán consignar los requisitos que establezca la SET al momento de reglamentar la nueva normativa.

La nueva ley prevé también que una vez emitida la factura y presentada al deudor, este deberá aceptar la factura y consignar su firma si es una persona física, o si es una persona jurídica o Empresa de Responsabilidad Limitada, la aceptación y firma deberá ser hecha por la persona habilitada para actuar en representación de la sociedad o empresa. Una vez aceptada la factura, el original será remitido al emisor y la copia quedará en poder del deudor. Recién con la aceptación formalizada se podrá negociar o transmitir el documento. Si una vez remitida la factura al deudor, y en plazo de 10 días no se expide respecto a la aceptación o no, entonces el emisor tendrá habilitada la acción ejecutiva contra el deudor, siendo el título ejecutivo la constancia de recepción de la factura debidamente firmada y con los datos de individualización de la factura cambiaria. Los casos en los cuales el deudor se encuentra exonerado de aceptar la factura cambiaria son: cuando exista daño en las mercaderías y no se haya pactado que sean a cuenta y riesgo del deudor. En caso de haber vicios, defectos y diferencias en la calidad o cantidad debidamente comprobados. Si existen divergencias en los plazos pactados entre las partes o no exista correspondencia con los servicios efectivamente pactados. Cuando se haya producido la aceptación de la factura cambiaria, ésta podrá ser negociada por endoso a la orden, con expresa identificación de la persona beneficiada, aclaración de firma, número de cédula de identidad o RUC si es persona jurídica. Asimismo, se establece que todos aquellos que hayan endosado las facturas cambiarias, serán responsables de la deuda, junto con el deudor principal, salvo que se haya pactado lo contrario y se lo haya consignado expresamente al momento del endoso.

Esta nueva herramienta legal, comenzaría a regir recién en la segunda quincena de diciembre del corriente año, no obstante, podría ofrecer cierta liquidez al mercado, especialmente al sector más amplio y desprotegido actualmente por el estado, como son las pymes.

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