La reglamentación de la ley de Garantías a las Inversiones

En la publicación anterior, analizábamos la ley que reglamenta las garantías a las inversiones nacionales o extranjeras, cuya inversión de capital esté destinada a la creación de industrias o cualquier otra actividad que se encuentre asentada en el país y contribuya a la generación de empleo y el desarrollo económico y social del país, mediante la incorporación de valor agregado a la materia prima paraguaya o importada o incorporación de tecnología. En esta entrega, quisiéramos analizar los puntos más destacados del reciente decreto promulgado que la reglamenta.

1. AUTORIDADES Y SUS ATRIBUCIONES

El marco jurídico vigente designa como autoridades de aplicación al Equipo Económico Nacional (EEN), al Consejo de Inversiones (CI), al Ministerio de Industria y Comercio, a través de la Subsecretaría de Estado de Industria, y al Ministerio de Hacienda, a través de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Estos entes gubernamentales poseen distintas atribuciones de acuerdo con la etapa en la que intervienen en el análisis del proyecto de inversión presentado para su aprobación.

El EEN fue creado por el Decreto Nº 6.019/90, como organismo asesor de la Presidencia de la República y como coordinador de la política económica del Gobierno. Se encuentra integrado por el ministro de Hacienda, el ministro de Agricultura y Ganadería, el ministro de Industria y Comercio, el presidente del Banco Central del Paraguay y el secretario ejecutivo de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social.

A los efectos de la ley de garantía a las inversiones, el EEN se encuentra facultado a establecer cuáles son las áreas de desarrollo preferente, las actividades productivas de significativo valor agregado nacional y los sectores económicos a potenciar. Además, es quien aprueba o rechaza los proyectos de inversión presentados. La aprobación debe ser por mayoría de los integrantes y la decisión, además de su fundamento, quedarán asentadas en actas, las que estarán firmadas por sus integrantes.

El CI, creado por Ley N° 60/1990, como organismo asesor del Ministerio de Industria y Comercio y del Ministerio de Hacienda, tiene como funciones a los efectos de este decreto, asesorar al Equipo Económico Nacional y las demás autoridades de aplicación de la ley, dictaminar sobre la factibilidad de los proyectos, requerir al solicitante del beneficio cualquier información adicional que considere relevante para emitir su dictamen; notificar al inversor a través del sistema habilitado para ello o en la dirección de correo electrónico declarada por el solicitante al inicio del proceso; conservar todas las documentaciones del proceso y llevar el registro de las resoluciones biministeriales emitidas.

El MIC, a través de la Subsecretaría de Estado de Industria como mencionamos, tendrá a su cargo elevar a consideración del EEN los proyectos analizados, con todos los recaudos documentales y administrativos, así como el dictamen del CI referente a la factibilidad del proyecto; también deberá establecer los criterios que demuestren: la cantidad de mano de obra a ser ocupada, la promoción de la formación de mandos medios, la incorporación de valor agregado, así como todo lo referente a la protección del ambiente, que deberán cumplir los proyectos de inversión para su aprobación, así como su control posterior, por lo menos anual y durante la vida completa del proyecto; también diligenciará los trámites administrativos tendientes a la suscripción de la resolución biministerial, posterior a la aprobación de los proyectos por parte del Equipo Económico Nacional.

La SET, dependiente del Ministerio de Hacienda, será la que dicte las normas reglamentarias en materia tributaria, las que posibilitarán la efectiva aplicación de los beneficios para los inversores, previstos en la ley, así como su control. También deberá preparar y proponer normas de reglamentación a las demás autoridades de aplicación de la ley; como entidad tributaria, será el organismo encargado de verificar durante el proceso de aprobación del proyecto, que los solicitantes se encuentren al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y los demás antecedentes de cumplimiento anterior; y como última potestad, realizar el seguimiento y control de las obligaciones establecidas en la ley, en el presente decreto y en el contrato suscrito por el Estado paraguayo con el inversionista beneficiario, que tengan directa incidencia en la relación jurídica tributaria, e informar al Equipo Económico Nacional los resultados de tales tareas, así como su control posterior, por lo menos anual, hasta la culminación del proyecto.

2. EL PROCESO DE APROBACIÓN, CUMPLIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS

El proyecto de inversión debe ser presentado ante el MIC, éste y toda la documentación que lo acompañe, será presentado en soporte papel y magnético o digital. En el proyecto deberá incorporarse el cronograma de inversión al cual se ajustarán las actividades. Además, el inversor autorizará expresamente a las autoridades de esta ley a requerir datos o información a cualquier institución, nacional o extranjera, pública o privada, sobre las operaciones industriales, comerciales, impositivas, bancarias, financieras, laborales y previsionales que realice.

El MIC remitirá el proyecto al CI, para que éste dictamine si cumple o no con las características requeridas por la ley. El proyecto quedará a consideración de cada miembro del CI con al menos tendrán 30 días de antelación a su tratamiento. El CI elevará su dictamen al EEN, rechazando o recomendando su aprobación. Una vez aprobado el proyecto, se emite la resolución biministerial, suscrita por los ministros de Hacienda y de Industria y Comercio. La escritura pública, en la que estará el contrato formalizado, se remite a la Abogacía del Tesoro acompañada de todos los antecedentes del proyecto para que ésta emita su dictamen favorable en el plazo de 15 días; luego, finalmente se procede a la firma del contrato con la empresa beneficiaria. En representación del Estado paraguayo lo firmará el ministro de Industria y Comercio. La puesta en marcha del proyecto de inversión ya aprobado no podrá superar los 18 meses de duración, el cómputo de este plazo iniciará al día siguiente de la formalización del contrato de inversión. El EEN podrá prorrogar excepcionalmente este plazo, para ello tendrá en cuenta las características del proyecto y las limitaciones justificadas para su inicio.

Se establece también que en el contrato debe estipularse una cláusula arbitral, según la cual, para la solución de controversias se recurrirá únicamente a tribunales arbitrales con asiento en la República del Paraguay.

Según este decreto, serán causales de rescisión unilateral del contrato: el incumplimiento de las cláusulas relacionadas al cronograma de inversión o la resolución firme y ejecutoriada que aplica sanciones por la Comisión de Defraudación Fiscal y por los hechos punibles de evasión de impuestos, contrabando o utilización de documentos no auténticos o de contenido falso como respaldo de sus inversiones y operaciones comerciales. Comprobada alguna de las causales, cualquiera de las autoridades de aplicación informará al CI y éste elevará los antecedentes al EEN, que instruirá al ministro del MIC para iniciar los trámites de rescisión.

En relación a la auditoría externa prevista, la misma estará destinada a la verificación del cumplimiento de la ley, del presente decreto y de las reglamentaciones emitidas por las autoridades de aplicación. Los inversionistas beneficiados por la ley se encuentran obligados a presentar informes anuales de auditoría externa impositiva, independientemente al monto de su facturación anual. Estos informes estarán a disposición de las demás autoridades de aplicación.

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