La Protección del Patrimonio Cultural

Más allá de la explotación comercial de los bienes culturales y el consecuente lucro que ello importa, la conservación del patrimonio cultural es fundamental para hacer frente al deterioro o eventual desaparición de aquello que lo conforma. El patrimonio cultural es mucho más que un conjunto de activos de cierto valor económico, ya el contribuye a definir la verdadera identidad de una nación. Inclusive, en muchos casos, el patrimonio cultural se transforma en la excusa perfecta para aventurarnos a conocer otros países

Aunque pueda resultar cautivante, en el Paraguay el patrimonio cultural continúa siendo poco explorado.  A pesar de ello, nuestro país ha recientemente promulgado la Ley 5621/16 “De Protección del Patrimonio Cultural” (la Ley). Esta norma remplaza a la Ley 946/82, las cual estuvo vigente por más de 30 años.

Asimismo, cabe recordar la creación de la Secretaría Nacional de Cultura en el año 2006, como institución y autoridad de aplicación sus disposiciones, políticas, programas y proyectos de protección y promoción.  Dicha Ley afecta no solo a la función del Estado en relación a la tutela jurídica que debe ejercer sino además y principalmente, a los particulares, en especial, aquellos que tienen la propiedad de bienes culturales, debido a que, si bien esta otorga los derechos de uso, goce y disposición, ciertamente, se encuentran limitados por determinadas condiciones, las cuales estaremos analizando.

El objeto de la Ley constituye la protección, la salvaguardia, la preservación, el rescate, a restauración y el registro de los bienes culturales de todo el país e inclusive, la promoción difusión, estudio, investigación y acrecentamiento de tales bienes.

Clasificación de los Bienes Culturales

Una de las novedades incorporadas en la nueva Ley es la “Clasificación” y “Categorización” de los bienes culturales. La primera consiste principalmente en: “Bienes derivados de manifestaciones y actividades culturales…” (Ej.: artes visuales,  fotografías, obras informáticas, literatura, música, arquitectura, etc.); “Expresiones, tradiciones y saberes provenientes de sectores que mantienen y elaboran las memorias colectivas o introducen innovaciones a partir de procesos culturales propios…”; “Bienes culturales producidos por culturas resultantes de nuevos procesos económicos, culturales, políticos y sociales…”; “Espacios territoriales…”; “Monumentos  como obras muebles e inmuebles…”; “Museos, instituciones públicas o privadas, sin fines de lucro…”; “Archivos, bibliotecas y hemerotecas…”; “El patrimonio arqueológico y  paleontológico…” y “Los conjuntos y sitios…”. Vale aclarar que, en contraste con la Ley derogada, el listado de bienes ha sido considerablemente; pese a ello, la clasificación es meramente enunciativa.

Por otro lado, la Ley establece dos “Categorías” que son: “Bienes de Patrimonio Cultural Nacional” y “Bienes de Valor Patrimonial”. La primera comprende el Patrimonio Cultural Mundial, declarado por entidades supranacionales, monumentos nacionales declarados por la Secretaría Nacional de Cultura y los excepcionalmente valiosos. En tanto que la segunda, se encuentra integrada por los bienes culturales materiales o inmateriales, significativos, en términos locales, sectoriales o provistos de cualquiera de los valores considerados de relevancia según la Ley.

Adviértase que, según la Ley, toda persona tiene la obligación de poner a conocimiento de la Secretaría la existencia de “Bienes del Patrimonio Cultural Nacional” no inventariados o registrados y ante el incumplimiento establece una multa de 100 (cien) a 200 (doscientos) jornales mínimos.

Responsabilidades y beneficios de los propietarios

Los propietarios de bienes culturales protegidos por la Ley tienen la obligación de costear su conservación y restauración. En caso de inobservancia, por negligencia o incapacidad económica, esta responsabilidad se traslada a la Secretaría, gobernación o municipalidad correspondiente, habiendo antes otorgado un plazo para hacerlo al principal.

Conforme a la Ley, quedan sujetos a la autorización de la Secretaría Nacional de Cultura los siguientes: La realización de cualquier obra en un bien cultural, la salida temporaria de los bienes (toda vez que fuere con fines educativos, científicos, académicos y artísticos, así como de intercambio y difusión cultural), para el caso se establecerá un plazo y exigirá una garantía. De igual manera, queda prohibida la demolición, destrucción o transformación de bienes culturales sin contar con la debida aprobación, en su defecto, la Secretaría podrá proceder con la ocupación o aseguramiento de estos. En general, queda establecida la imposibilidad realizar cualquier hecho que ponga en peligro o menoscabe el valor cultural de los bienes, salvo el caso mencionado anteriormente en el cual la institución deberá tener intervención. Los actos jurídicos de transferencia o modificación del dominio de los bienes se deberán realizar exclusivamente a favor de personas con residencia permanente en el país y posteriormente comunicada a la Secretaría. Con esta normativa, lo pretendido es justamente garantizar que los mismos queden resguardados en el país de origen. En cuanto a la enajenación, en todos los casos, el Estado, las gobernaciones y las municipalidades tendrán derecho de preferencia si estuvieren interesados. La adopción de la nueva Ley, ha eliminado la obligación de realizar la oferta previamente a la Dirección (actualmente la Secretaría Nacional de Cultura).

Régimen de sanciones administrativas y penales

La nueva Ley también establece sanciones de carácter administrativo a ser aplicadas previa sustanciación de sumario a faltas como: El incumplimiento de la obligación de poner a conocimiento de la Secretaría la existencia de bienes del “Patrimonio Cultural Nacional” no inventariados o registrados; no llevar el inventario y registro de los bienes; faltar al deber de la guarda y ocasionar un daño a los mismos. El monto de las multas ascendió considerablemente en comparación con la Ley anterior y va desde los 100 (cien), monto máximo anteriormente, a 500 (quinientos) jornales mínimos, dependiendo de la falta.

En el caso de las sanciones penales, en la Ley anterior la única existente era aplicable al hecho de ilícitamente sacar del país un bien cultural. Actualmente, las conductas consideradas como hechos punibles contra el patrimonio cultural son: la destrucción o el menoscabo, la demolición parcial o total de los bienes correspondientes al “Patrimonio Cultural Nacional”; el robo o hurto sin distinción de la misma categoría de bienes. El daño causado a los bienes declarados de “Valor Patrimonial” y el tráfico de bienes culturales. La pena privativa de libertad máxima es de 10 (diez) años y el único caso en que puede aplicarse una multa en su reemplazo es en el daño causado a un bien cultural de “Valor patrimonial”, equivalente a una pena privativa de 1 (uno) a 5 (años).

Cabe destacar que ya el Código Penal vigente tipifica como hechos punibles conductas similares y en ciertos casos iguales a las mencionadas, no obstante, estas se afectan a un campo muy restringido de los bienes del patrimonio cultural y las sanciones son bastante leves atendiendo al daño causado, que en determinados casos resultan ser irreparable. No obstante, de la coexistencia de las disposiciones del Código Penal y la nueva Ley, sería recomendable la modificación o en su defecto la derogación de las primeras en cuyo caso los tipos penales regulan la misma conducta ya que causaría una confusión, sobre todo, al momento de aplicar las sanciones.

Consideraciones finales

La adopción de la nueva Ley de “Protección del Patrimonio Cultural” con sus modificaciones e incorporaciones importa significativo avance en la materia, que tiene por principal responsable al Estado, atendiendo a que debe promover los mecanismos necesarios para tal propósito.

Como siguiente medida, queda pendiente el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los diferentes apartados de la Ley, lo cual dependerá, en mayor medida, de los ciudadanos en general y más aún aquellos propietarios de bienes culturales. Esto no implica que la Secretaría se deba desentender del control de la observancia de las leyes sino por el contrario, todavía se deben implementar políticas destinadas a lograr sus finalidades.

 Finalmente, bajo las condiciones actuales se podría afirmar que existe una garantía en la protección de los bienes que conforman el Patrimonio Cultural de nuestro país. Ahora bien, nuestras pretensiones no deben agotarse tan solo a eso, sino proyectarse a demostrar el potencial cultural del Paraguay y de ser posible lograr que el turismo se convierta en una actividad favorable al crecimiento.  

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