La ley de Garantías para las Inversiones

OBJETO, BENEFICIARIOS Y CAPITAL A INTEGRAR

Con la idea de captar capital para inversiones, ya sea extranjero o nacional, el Paraguay sancionó la Ley N° 5.542/2015, denominada también “DE GARANTÍAS PARA LAS INVERSIONES Y FOMENTO A LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.”

Según su objeto, la Ley pretende proteger la inversión de capital para la creación de industrias o cualquier otra actividad que se encuentre asentada en el país y contribuya a la generación de empleo y el desarrollo económico y social del país, a través de la incorporación de valor agregado a la materia prima paraguaya o importada.

Para ser beneficiario de la ley, las personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras deben constituir empresas que cumplan con lo apuntado en el párrafo anterior o adaptar las empresas ya existentes a dichos efectos. En otras palabras, la empresa deber generar empleo y con ello el fortalecimiento del desarrollo económico y social del país.

Con respecto al capital a incorporar, la Ley establece que el mismo puede ser en moneda nacional o extranjera, bienes físicos, así como tecnología en sus diversas formas. Para el caso en que la moneda afectada a la capitalización deba sufrir una conversión cambiaria, la Ley prevé como beneficio para el inversor, que la operación se efectúe al tipo de cambio más favorable que las empresas puedan obtener en cualquiera de ellas. En relación a la tecnología incorporada como capital, su valoración, de ser susceptible la misma, será verificada por el Consejo de Inversiones, en el plazo de sesenta días, transcurrido dicho plazo sin que dicha verificación se hubiere producido, será valorada conforme a la estimación jurada de la empresa.

FIRMA DE CONTRATOS DE INVERSIÓN

Una vez aprobado el proyecto de inversión, se suscribirá el contrato, entre el representante del Estado Paraguayo y los representantes legales de la empresa inversora. Como paso previo a la firma de contratos, los inversionistas deberán constituir una sociedad destinada para el desarrollo del objeto de esta ley, o en el caso de empresas ya constituidas, deberán adaptarlas a los efectos de esta ley.

El contrato debe estar redactado en escritura pública, y en él se estipulará el plazo dentro del cual las empresas deberán efectuar la integración completa de estos capitales. Este plazo no podrá exceder de cinco años, para las inversiones superiores a US$ 5.000.000 o su equivalente en moneda nacional y de dos años para las inversiones menores a dicho monto, se lo computará desde la aprobación del proyecto de inversión.

ALGUNOS BENEFICIOS A LAS EMPRESAS INVERSORAS

Esta Ley permite transferir sus capitales y las utilidades obtenidas al exterior, sometida siempre a la legislación vigente sobre el control del lavado de dinero. Aunque limita la remesa del capital, en cuanto al tiempo en el que es posible remesarlo, debido a que lo permite luego de 2 años que la empresa haya iniciado sus operaciones. Con relación a las utilidades, podrán ser remesadas cuando sean producto de la enajenación de las acciones o derechos representativos de la inversión del capital o de la liquidación total o parcial de las empresas adquiridas o constituidas con dicha inversión.

Además, para las remesas otorga el mismo beneficio cambiario otorgado al momento de la integración del capital, estableciendo que el tipo de cambio aplicable para la transferencia del capital y de las utilidades líquidas al exterior será el más favorable que los inversionistas puedan obtener en cualquier entidad autorizada por el Banco Central para operar en el mercado cambiario.

Otro punto destacable, constituye la invariabilidad de la tasa impositiva del impuesto a la renta que grava la actividad desarrollada por la empresa beneficiaria de este régimen, por un plazo de hasta diez años, contados desde la puesta en marcha de la correspondiente empresa, en el mismo porcentaje vigente a la fecha de la firma del respectivo contrato. Cuando se trate de inversiones de montos en un rango comprendido entre US$ 50.000.000 (Dólares Americanos cincuenta millones) y menos de US$ 100.000.000 (Dólares Americanos cien millones), o su equivalente en moneda nacional u otras monedas, podrá aumentarse el plazo de diez años previsto para la invariabilidad tributaria del impuesto a la renta. Dicho plazo estará sujeto a las características específicas de la inversión y podrá extenderse hasta un total de quince años.

La ley permite también, que cuando se trate de inversiones de un monto igual o superior a US$ 100.000.000 (Dólares Americano cien millones) o su equivalente en moneda nacional u otras monedas, otorgar a las empresas respecto de dichos proyectos de manera excepcional una invariabilidad tributaria por el plazo máximo de hasta veinte años.

Las inversiones de capital sometidas a esta ley, estarán sujetas al mismo régimen jurídico aplicable a las demás empresas no afectadas a esta ley, no pudiendo discriminarse respecto de ellas, directa ni indirectamente, con excepción de lo que estuviese dispuesto expresamente en esta normativa; si la empresa inversora considera que alguna norma dictada sea discriminatoria, podrá solicitar su eliminación siempre que no haya transcurrido un año desde su promulgación.

La ley prevé además auditorías externas de los estados financieros de las empresas beneficiaras. El organismo para dictaminar sobre los proyectos de inversiones, será el Consejo de Inversiones, y la aprobación del proyecto estará a cargo del Equipo Económico Nacional.

Las empresas cuyo proyecto de inversión tenga alto contenido social, tendrán un beneficio adicional, estarán exonerados del 5% del impuesto a la Renta por la distribución de utilidades, establecida en nuestra normativa nacional. Según esta ley, serán entendidas como inversiones de alto contenido social, aquellas que tengan asiento en zonas del país con menor desarrollo relativo y baja oferta de empleo para la población, pero alta demanda laboral; también aquellas que demanden una importante cantidad de mano de obra y promuevan la formación de mandos medios; también las que tengan como objeto la incorporación de valor agregado a la materia prima a través de la industrialización y como último punto establece aquellas que no degraden significativa o irreversiblemente el medio ambiente.

Esta Ley presenta incentivos interesantes para el empresariado, además de constituir una herramienta más del pretendido régimen de seguridad jurídica, punto bastante apreciado al momento de decidir el país en donde capitalizar inversiones.

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