Inédito Incentivo al comercio exterior en puertos y aeropuertos

Como parte de las medidas de mitigación de las consecuencias causadas por la pandemia del COVID-19, el 12 de agosto de 2020 el Poder Ejecutivo promulgó la Ley Nro. 6589/2020. Con el objetivo de impulsar las operaciones comerciales de importación, exportación y tránsito de mercaderías en puertos y aeropuertos, desde el 12 de agosto de 2020 hasta el 31 de junio de 2021, la Ley de manera absolutamente inédita en materia de comercio exterior reduce en un 50% el quantum de las tasas y tarifas de cargas manejadas en los aeropuertos y puertos del país.

Servicios Aeroportuarios

En materia aeroportuaria, la reducción otorgada por la ley aplica a todas y cada una de las tasas y tarifas que percibe el operador aeroportuario (DINAC) por los servicios relativos a las cargas aéreas dentro del proceso de importación, exportación y tránsito. Dichas tasas y tarifas incluyen a aquellas aplicadas a las cargas de importación, custodia recepción y almacenamiento de cargas, cargas de importación con tarifas diferenciadas, cargas con valores no determinados, régimen de pacotilla, cargas con régimen de pacotilla almacenadas, cargas de exportación almacenadas, cargas de exportación embarcadas directamente, cargas con valor no determinado, almacenamiento y/o custodia de contenedores y equipos conexos, almacenamiento selectivo, cargas peligrosas, periodos de almacenamiento, cargas en tránsito, operación de transito de cargas, régimen de zona franca, habilitación de depósitos, mudanzas y efectos personales, revistas y periódicos, servicios de remesa expresa (e.g. courier), pago previo de tasas de cargas aéreas, pagos diferidos, cargas con cargo a regularizar, cargas con ticket. La exoneración temporal comprende al menos 24 hechos imponibles.

Servicios Portuarios

De la misma manera, la Ley otorga dicha exoneración a las tarifas establecidas en concepto de prestación de servicios portuarios generales a las mercaderías contempladas en el Decreto Nro. 12.297/08, las cuales son percibidas por la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP). Esta exoneración comprende a todas las tasas de servicios generales a las mercaderías, incluyendo las mercaderías de importación, exportación, mercaderías devueltas, manipuleo, mercaderías de tráfico interno, eslingaje, mercaderías de importación despachadas directamente, removido de mercaderías en general,  almacenaje de mercaderías, materias primas de importación, mercaderías peligrosas, inflamables y oxidantes, radiactivos, vehículos de importación, mercaderías de exportación, régimen de maquila, despachos menores, importación regional, tasa adicional por servicio fuera del horario ordinario de trabajo, animales en pie o semovientes, uso de silos y cintas transportadoras.

Conclusión

La Ley es absolutamente bienvenida por al menos cuatro razones. En primer lugar, implícitamente ella reconoce que el comercio exterior es vital para la subsistencia del país en un contexto crítico como el de la pandemia del COVID-19.  Las cargas de importación, exportación y tránsito, ya sea por vía fluvial o aérea, no deben tropezar con obstáculos. El abastecimiento del país es una prioridad. Asimismo, el proceso de exportación de nuestros productos debe ser sustancialmente agilizado y facilitado para mantener de alguna manera la competitividad de nuestros productos. Los costos logísticos, ya sean portuarios o aeroportuarios, no pueden frenar el desarrollo del comercio exterior. En el escenario actual, es primordial para el país impulsar diferentes mecanismos y fórmulas que faciliten la logística y el comercio exterior, más aún atendiendo a su situación geográfica como país mediterráneo.

En segundo lugar, aunque en el pasado han existido otros programas de incentivos tanto en materia de servicios portuarios como aeroportuarios, que de alguna manera reducían el importe de las tasas y tarifas que los operadores aplicaban, por lo general dichas exoneraciones solo alcanzaban a algunos hechos imponible y su vigencia era sustancialmente menor. En otras palabras, el impacto de la reducción en materia de tasas era significativamente menor.

En tercer lugar, el Legislador ha dado un claro mensaje sobre su intención al sancionar la norma. Tanto en materia aeroportuaria como portuaria, siguiendo una incorrecta práctica de antaño, los hechos imponibles son establecidos a través de la adopción de un simple decreto presidencial – en absoluta contradicción con principio de legalidad en materia constitucional, ampliamente consagrado por la jurisprudencia nacional. Aunque las exoneraciones aquí comentadas pudieron haber sido adoptadas a través de un decreto presidencial (esto incluso pudo haber sido una vía mucho mas rápida), el Legislador ha enviado un inequívoco mensaje al sancionar la Ley: las exoneraciones deberán ser respetadas por todo el tiempo de su vigencia y no podrán ser modificadas a través de un decreto presidencial.  

En cuarto lugar, la Ley indirectamente fija un excelente precedente para “forzar” a los operadores portuarios y aeroportuarios a reducir sustancialmente sus vetustas y pesadas estructuras de costos en la prestación de sus pobres servicios relativos al manejo de las cargas de importación, exportación y tránsito. Nadie es ajeno al hecho que en el Paraguay los servicios logísticos tropiezan con un sinnúmero de inconvenientes, circunstancia que en muchos casos empieza con el pobre manejo de las cargas en los puertos y aeropuertos.  Además,  por mucho tiempo ha primado una visión absolutamente “recaudadora”, sin atender a la incidencia de las tasas portuarias y aeroportuarias aplicadas por dichos operadores en las operaciones de comercio exterior – y aquí no hacemos un análisis sobre la corrupción que subyace a los procesos de importación de las cargas. El objetivo central debería ser facilitar las operaciones de importación, exportación y transito de las cargas y no precisamente “recaudar” para pagar gastos fijos. El nivel de infraestructura portuaria y aeroportuaria en materia de cargas continúa siendo absolutamente deficitario y no se encuentran de acorde con un país que, como dice su Agenda 2030, pretende insertarse en el contexto mundial. Los servicios deben mejorar y los costos deben continuar con una reducción sustancial. Para ello, mucha “grasa” todavía debe ser removida. La Ley es un “empujón” en la dirección correcta.

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