Examen médico admisional para el IPS: la medicina no cura la enfermedad

El IPS, a través de la Res. CA N° 099-022/16, ha aprobado un reglamento que impone a los empleadores la obligación de presentar ante dicha institución un certificado médico y un historial médico por cada trabajador que ingrese a la empresa del empleador. Esta obligación entraría en vigencia el 1 de junio de 2017.Para la obtención de este certificado médico, el empleador debe costear los honorarios médicos y la realización de los análisis pertinentes, de manera a poder obtener la información que exponemos a continuación. Según la resolución del IPS, el examen médico debe expedirse sobre los siguientes hechos: i) si el trabajador “postulante” tiene alguna patología preexistente, ii) si la causa de la patología radica en una enfermedad común, en un accidente de trabajo o en enfermedades profesionales y iii) la fecha de inicio de existencia de la patología.

El IPS emplaza al empleador a presentar estos documentos dentro de los 90 días de inscripto el trabajador al IPS y además establece como sanción a la no presentación, una multa de Gs. 15.000 por cada día de atraso en la provisión de estos documentos. La finalidad del IPS con la imposición de este requerimiento es detectar los casos de comisión de “fraudes al seguro” o “seguros de favor” que en palabras de la misma resolución, consisten en “afiliaciones de personas con patologías graves preexistentes, que por ello simulan una relación laboral al solo efecto de acceder a tratamiento médico” y otros beneficios.  Argumenta IPS en el considerando de su resolución que el examen médico requerido no es nuevo y está justificado en la ley. En nuestra opinión, no es así. En nuestra opinión, los exámenes médicos requeridos por ley son otros, responden a otra finalidad y no se ajustan a los requerimientos impuestos por el IPS en esta resolución. Por un lado, el Código Laboral en su art. 275 inc. a) obliga al empleador a realizar a los trabajadores un examen médico admisional y exámenes médicos periódicos, a costa del empleador. Estos exámenes están reglamentados en el Decreto 14.390/92 que promulga el “Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo.”

La normativa impone la realización de un examen admisional y luego exámenes periódicos cada 6 meses en caso de actividades peligrosas y cada un año en caso de actividades no peligrosas. De acuerdo con estas normas, la finalidad del examen médico obligatorio a cargo del empleador es concretamente asegurar que las condiciones de salud del trabajador sean aptas para desempeñar las actividades laborales que se le asigna en el lugar de trabajo, de manera a no exponer al trabajador a riesgos que sus condiciones particulares de salud no pudiera resistir o que las agravaría. Ejemplos: asegurar que el obrero que debe realizar trabajos en altura no sufra de vértigo o verificar que el maquinista expuesto constantemente a altas temperaturas tenga las aptitudes de salud necesarias para no descompensarse en su puesto de trabajo.

A su vez, el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo claramente establece el tratamiento que debe dar el empleador a los datos resultantes de estos exámenes médicos: inscribir los mismos en registros apropiados y conservar estos registros para fines de referencia. Este punto no es de menor importancia en razón de que al tratarse de datos sobre la salud de las personas, estamos hablando de datos personales de carácter sensible, cuya utilización debe ser tratada de forma restringida y confidencial y sujeta al consentimiento expreso del titular de dichos datos, de manera a evitar generar daños a la intimidad de la persona, como por ejemplo, exponer a la persona a discriminación por causa de sus condiciones particulares de salud. 

Por el otro lado, la normativa de IPS (específicamente el Decreto 10.810/52) que regula los beneficios de los asegurados, también establece la obligatoriedad de la realización de exámenes médicos. Sobres los mismos, cabe realizar las siguientes precisiones: a) la norma impone al departamento médico de IPS la realización de estos exámenes y la determinación en cuanto a cuándo y cómo realizarlos y b) la finalidad de este examen médico es expresamente la prevención de enfermedades. Ejemplo: detección temprana de afecciones cardiovasculares o enfermedades profesionales de manera a tomar medidas rápidas que evite llegar a una situación de salud más grave.

De lo arriba expuesto, se puede colegir lo siguiente: i) normas con rango jerárquico superior a esta resolución administrativa, establecen la obligatoriedad de realizar dos exámenes médicos: uno a cargo del empleador y otro a cargo de IPS; ii) el examen médico a cargo del empleador incluye un examen médico admisional. Sin embargo, el mismo tiene como finalidad concreta, evaluar la salud del trabajador con relación a los riesgos a los que el mismo sería expuesto en su lugar de trabajo específico. Este examen no tiene por finalidad determinar si el trabajador tiene enfermedades preexistentes y mucho menos su causa o su fecha de inicio; iii) el examen médico a cargo de IPS no es admisional. En todo caso, la determinación sobre el sistema a implementar para su realización está a cargo del Departamento Médico del IPS; iv) el examen médico a cargo de IPS persigue según el texto normativo, una finalidad de prevención y detección temprana de enfermedades. El mismo no tiene como finalidad la detección de enfermedades preexistentes con la finalidad de alegar fraude al seguro. IPS en su resolución sostiene que la implementación de este (nuevo) examen médico admisional se justifica en la necesidad de la institución de detectar los casos de fraude al seguro.

Al respecto sugerimos tener en cuenta los siguientes factores: En primer lugar, no nos encontramos frente a un seguro privado pactado entre particulares y regido por principios del derecho civil y comercial. Nos encontramos frente al sistema de seguridad social que rige para todos los empleadores y para todos los trabajadores del país, el cual se encuentra operativamente centralizado en IPS porque así está actualmente configurado el sistema por ley. La inscripción en IPS es obligatoria. No hay alternativas, ni para tomador (empleador) ni para el beneficiario asegurado (trabajador). En segundo lugar, la cobertura del seguro social de IPS establecida por ley, es amplia; no asume solamente los riesgos derivados del trabajo sino asume también los riesgos de carácter general. Entonces, ¿qué gana IPS detectando la preexistencia de una enfermedad, a la contratación del trabajador por parte del empleador? Acaso porque el trabajador sea contratado teniendo una enfermedad, ello sería causal de exoneración de la cobertura de IPS? Al respecto llama la atención que la resolución del IPS exponga que la incapacidad del trabajador para ejercer el trabajo es causal de terminación de la relación laboral, sin derecho a indemnización. ¿Estaría infiriendo con esto el IPS que el hecho de tener una enfermedad preexistente debe ser considerado como una incapacidad para trabajar? Si llegáramos a eso, ¿no nos encontraríamos ante un caso simple y llano de discriminación? Por otro lado, si bien como lo expone la resolución, en el supuesto de incapacidad del trabajador la relación laboral termina y el empleador no debe pagar indemnización; cabe resaltar que el IPS sí debe responder, abonando al trabajador los subsidios correspondientes. De otra forma, ¿quién se haría cargo del trabajador incapacitado?

En tercer lugar, es de considerarse que en el hipotético caso de fraude al seguro planteado por el IPS y el cual IPS pretende atacar, no se configura por el hecho de existir una enfermedad previa a la contratación del trabajador, sino por el hecho de que las partes se encuentran simulando una relación laboral. Es decir, las partes declaran que existe una relación laboral, cuando el trabajador inscripto en realidad no se encuentra trabajando para el empleador. Por tanto, en nuestra opinión, debería explorar la posibilidad de detectar los casos de fraude a través de los sistemas de control o fiscalización que la autoridad administrativa del trabajo – el Ministerio de Trabajo –, implemente o pueda implementar sobre el debido cumplimiento al ordenamiento legal laboral.

Por todo lo expuesto, sobre el reglamento dictado por el IPS que impone a los empleadores la realización de un examen médico admisional para la detección de casos de fraude al seguro, concluimos cuanto sigue: i) el IPS exige a los empleadores realizar un examen médico admisional cuyo alcance, finalidad y consecuente costo no se encuentra justificado en las normativas de rango superior, ii) el tratamiento que el IPS pretende dar a la información sobre la salud de los trabajadores genera un gran riesgo de causar daños, especialmente de discriminación y de oportunidad de acceso a fuentes de trabajo y iii) la medicina propuesta por el IPS – el examen médico admisional – no tiene efectos sobre la enfermedad que el IPS se propone atacar – el fraude al seguro –, ya que este último se configura por la simulación de la relación laboral y no por la existencia de una enfermedad previa a la contratación del trabajador. Finalmente, sobre el particular sugerimos no perder de foco que el IPS no se trata de un simple seguro privado, por lo que no debería actuar como tal. El IPS tiene a su cargo la implementación y el funcionamiento efectivo de nada menos que el sistema de seguridad social nacional, por lo que implementar acciones sin tener en cuenta su repercusión negativa para los demás actores de la cadena social, podría generar un quiebre en el sistema a su cargo.

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