El Veto al Proyecto de Ley de Energias Renovables

Recientemente, a través del Decreto N° 7903/17, el Poder Ejecutivo vetó totalmente el Proyecto de Ley “Que fomenta fuentes renovables de energías no convencionales y de sus regímenes especiales” (Proyecto de Energías Renovables), eliminando así la gran expectativa de inversores nacionales e internacionales en desarrollar este sector energético. A fin de facilitar la comprensión de los fundamentos que dieron pie al veto del Proyecto de Ley, y el motivo por el cual consideramos que el Poder Ejecutivo se equivocó al vetar el proyecto de energías renovables, haremos un breve cotejo con los últimos lineamientos jurídicos y objetivos fijados para el Sector Energético Paraguayo.

1. Política Energética del Paraguay

Nuestra reciente Política Energética[1] fija como objetivo “contribuir con la seguridad energética, desarrollo y diversificación de fuentes nacionales,[2]”para lo cual dispone promover el uso de bioenergía y otras fuentes alternativas de manera sustentable. Sin embargo, del análisis de los argumentos expuestos para vetar el proyecto de Ley de Energías Renovables, se vislumbra -a priori- que los objetivos trazados en esta Política no están para ser “superados” sino que a lo sumo para que sus porcentajes y/o cantidades establecidas en él sean cumplidas. Si bien en la Política Energética del Paraguay se tiene previsto la creación de un Ministerio de Energía y una ley de competitividad de empresas públicas del sector energético, en un país en el cual abundan recursos energéticos especiales para -por ejemplo- la explotación fotovoltaica, es imprescindible crear un marco legal que regule el sector de las energías renovables no convencionales.

2.  Acuerdo Marco de París para el Cambio Climático y el Plan Nacional de Desarrollo 2030

El compromiso de Paraguay como Estado parte del Acuerdo Marco de París (COP21) fijó como meta aumentar en 60% el consumo de energías renovables y reducir en 20% el consumo de combustibles fósil en el período 2014 a 2030[3]. Siguiendo esta misma línea, el Plan Nacional de Desarrollo 2030 (PND) propone “diversificar la matriz energética para lograr un crecimiento compartido e inclusivo”. En este sentido, en la Política Energética de Paraguay se encuentran las metas trazadas para cumplir con el objetivo de diversificar la matriz energética. Con el reciente veto al “Proyecto de Ley de Energías Renovables No Convencionales”, pareciera que el cumplimiento de este objetivo se encuentra cada vez más lejano. Veamos porqué.

Uno de los fundamentos para vetar el proyecto de ley fue que “la participación de la energía eléctrica generada a partir de combustibles fósiles (derivados de petróleo) representa el irrisorio porcentaje del 0,01% en el total de la energía utilizada por ANDE”. Si bien en puridad, este porcentaje es correcto, de los datos oficiales indicados por Paraguay en la “Tercera Comunicación a la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático” encontramos que el “Sector Energía” es el segundo sector que más emite gases de efecto invernadero (GEI) con 4.972,82 toneladas de CO2. Cabe señalar que el 90% de las emisiones en el “Sector Energía” proviene del área del transporte.[4] Como es bien sabido, Paraguay está dotado de una variedad de recursos para generar energía. Por ende, no sería lógico ni conveniente explotar sólo uno de ellos -cómo la energía hidroeléctrica-, cuando contamos con otras opciones viables y provechosas desde el punto de vista económico como el aprovechamiento de desechos agrícolas o ganaderos para la generación de energía eléctrica (biomasa) en un país cuya principal fuente de ingresos proviene de estas industrias. Precisamos como país una visión más amplia. Pareciera que, al momento de vetar el proyecto de ley, no tuvieron en cuenta las opciones citadas y el compromiso asumido por nuestro país en el COP21. Esto se debe al hecho que el 73% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del “Sector del Uso de Suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura” el cual emite 122.147,62 toneladas de CO2 al año.[5]

3. Producción y Transporte Independiente de Energía Eléctrica

La Ley N° 3009/06 “De la Producción y Transporte Independiente de Energía Eléctrica (PTIEE)” resulta inaplicable puesto que para comprar bienes y/o servicios, la ANDE debe hacer un llamado a licitación pública.[6] Es decir, un Productor Independiente no puede vender -en forma directa- su energía a la ANDE, ya que en ese caso la Entidad estaría contraviniendo lo dispuesto en la Ley de Contrataciones Públicas.[7] En resumidas cuentas, si la ANDE no realiza un llamado para la generación distribuida en virtud de la Ley N° 3009/06 no puede comprar a empresa privada alguna. Este era el fin por el cual se establecía un porcentaje del 5% proveniente de fuentes renovables no convencionales -excluyendo a las hidroeléctrica- que la ANDE estaba obligada a comprar en un plazo realista de 5 años. De lo mencionado, se desprende que no sería factible que “lo ideal hubiese sido que fuera optativo, en el sentido de que la ANDE pudiere comprar hasta un porcentaje fijado por el Poder Ejecutivo” como menciona el Decreto, puesto que existen escasos llamados a licitaciones públicas de ANDE para la generación de energías renovables no convencionales.

4. Tarifas de Compra de Energía

Bien es sabido que la ANDE no compra ni vende energía de Itaipu al precio real del mercado, sino a un precio irrisorio. Para una mejor comprensión, el costo promedio de compra de la energía de ITAIPU en 2016, fue de 32,74 US$/MWh. En contrapartida, desde noviembre de 2011, Paraguay vende –a precios reales de mercado- la energía de Acaray a 120 US$/MWh fuera de punta y 150US$/MWh en punta.[8] Adicionalmente, entre los fundamentos al veto encontramos que “no define cómo se cubrirían eventuales diferencias entre las tarifas de compra de energía que paga la ANDE y las tarifas que los productores de EERR determinen.” Sin embargo, en el análisis al veto, no podemos examinar las diferencias de tarifas que habría entre los productores de energías renovables y los que compra la ANDE, puesto que en el documento se omite hablar sobre los costos de generación de energía eléctrica. Para garantizar la igualdad entre los productores de energía renovable no convencional y las demás fuentes de energía, resulta imprescindible contar con los “costos nodales” que la ANDE se rehúsa a publicar. ¿A qué nos referimos con “costos nodales”? Son los costos reales en los puntos de entrega. Es decir, entre el punto de generación (e.g. Itaipú) y el punto de entrega de la energía eléctrica (e.g. Asunción). Para el caso en estudio, independientemente a la tarifa única aplicada por la ANDE en el territorio nacional, es obvio que a la ANDE no le cuesta lo mismo entregar la energía en Hernandarias, que en Asunción o en Mcal. Estigarribia. Esto se debe al recorrido de las líneas de transmisión, el costo de operación y mantenimiento anual que conllevan estas líneas. Es por ello que, para acceder a una competencia justa entre los productores de energía, y a su vez optimizar y reducir los costos de la ANDE, es indispensable contar con los “costos nodales”. Esto permitiría analizar la viabilidad de implementar nuevas fuentes de generación (e.g. planta solar) en regiones donde el “costo nodal” para ANDE es mayor. Garantizando con ello la tan conocida “eficiencia energética”. Bajo este criterio, la flexibilidad de las energías renovables no convencionales (solar, eólica, biomasa) podría permitir, por ejemplo, instalar plantas solares en zonas aisladas (e.g. Alto Paraguay), donde sería económicamente más conveniente que construir y mantener las líneas de transmisión. O bien, en lugares fronterizos que permitirían vender la energía eléctrica a un costo competitivo con el fin de exportarla. Por tanto, al no contar con el “costo nodal”, es decir el costo anual de:  i) la obra, operación y mantenimiento; ii) por la distancia entre el punto de generación y el punto de entrega; y, iii) la potencia transportada entre el punto de generación y el punto de entrega; sería difícil competir en igualdad de condiciones frente a un mercado netamente hidroeléctrico. De esta manera se limita el derecho a la competencia de las empresas que intenten operar con Energías Renovables no Convencionales como “cogeneradores” frente a una Entidad única -ANDE- responsable de la generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el Paraguay[9] e incumpliendo lo dispuesto en la Ley de Defensa de la Competencia[10] así como la ley de Acceso a la Información Pública[11]; apartándose de los principios y objetivos trazados para la “Producción y Transporte Independiente de Energía Eléctrica.”[12]

5.  Puntos a considerar para un nuevo proyecto de ley

Si bien consideramos que el Proyecto de Ley “Que fomenta fuentes renovables de energías no convencionales y de sus regímenes especiales” podría ser más optimista o ambicioso, en cuanto a los porcentajes previsto para la compra por ANDE. En el mismo sentido, podría incentivar a particulares y entidades estatales a la autogeneración de energía. Por último, podría aprovecharse el veto para, en el corto plazo, formar un equipo de trabajo con profesionales multidisciplinarios a fin de tratar principalmente ciertas cuestiones puntuales del proyecto vetado para hacerlo lo más claro y realista posible, en concordancia con la tecnología de los tiempos que corren y pensando a futuro, siguiendo e inclusive buscando superar los lineamientos del compromiso de Paraguay en el Acuerdo de París sobre Cambio Climático.

6. Conclusión

Con el reciente veto, Paraguay no está aprovechando su posición de “único país con excedente de energía eléctrica”[13], una zona geográfica con todo el potencial de ser un mayor exportador de energía a través de la participación e inclusión de las energías renovables no convencionales. Es fundamental avanzar hacia la implementación de métodos innovadores y a su vez aceptar la generación distribuida para posibilitar y brindar el derecho al acceso de la energía a las áreas remotas del país. Resulta hasta irónico pensar que a tan sólo 7 años de haberse declarado “Emergencia Eléctrica Nacional”[14], nuestro país continúe renuente a abrir el mercado energético. Más aun teniendo en cuenta que en 6 años se renegociará el Tratado de Itaipú, período en el cual la población necesitará más energía. De todo lo expuesto, queda claro que existen dos alternativas a considerar. La primera es que la Cámara de Senadores puede promulgar el Proyecto de Ley cuando lo vuelva a tratar en 2018 en el Congreso. La segunda opción sería en el corto plazo, con la participación de representantes de los poderes ejecutivo y legislativo, así como con profesionales multidisciplinarios referentes del área pueda mejorarse el proyecto vetado. Capaz así, en base al Plan Nacional de Energías Renovables no Convencionales previsto en el proyecto hoy vetado, podamos pensar en un futuro abierto para la generación de energías renovables no convencionales que eviten causar más daño a la economía y al ambiente.

[1] Decreto N° 6092/2016 “Política Energética de la República del Paraguay”.

[2] Decreto N° 7903/17. Pág. 1

[3] Contribuciones Nacionales de la República del Paraguay – pág. 3

[4] Tercera Comunicación Nacional de Paraguay a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 2016. Pág. 21

[5] Tercera Comunicación Nacional de Paraguay a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 2016. Pág. 26

[6] Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas

[7] Ley N° 2051/03 De Contrataciones Públicas

[8] http://eby.gov.py/index.php/component/content/article?id=2383:paraguay-vende-energia-de-acaray-a-la-argentina-a-precio-del-mercado&catid=1:latest-news

[9] Primer Informe Bienal de Actualización de la República del Paraguay ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 2015

[10] Ley N° 4956/13 “De Defensa de la Competencia”

[11] Ley N° 5282/14 “De acceso a la Información Pública”

[12] Ley N° 3009/06 “De la Producción y Transporte Independiente de Energía Eléctrica (PTIEE)”.

[13] Primer Informe Bienal de Actualización de la República del Paraguay ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 2015

[14] Ley N° 3969/10 “Que Declara Emergencia Eléctrica Nacional”

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