Contratos “Llave en mano”: Modificaciones al Procedimiento Licitatorio

Somos testigos de que en los últimos años el Paraguay ha ido apuntando de una manera cada más fuerte al crecimiento económico, especialmente con la producción de alimentos para mercados internacionales. Sin embargo, se ha quedado atrás y se encuentra en un nivel muy por debajo en comparación a los demás países de la región respecto a la tasa de inversión en infraestructura. Las necesidades de infraestructura son enormes en gran parte de América Latina y Paraguay no es una excepción, siendo así la inversión en infraestructura una de sus materias pendientes.

El desarrollo de la infraestructura es clave para la competitividad de la economía. Invertir en una infraestructura eficiente es determinante. El crecimiento de la economía, la productividad de un país y una mejor condición de vida para la población depende de la calidad de infraestructura de transporte, del suministro seguro de energía a un costo razonable y de la disponibilidad de amplias redes de comunicación que abarquen todo el territorio.

Además de las vías tradicionales, nuestro país cuenta con varias herramientas legales de inversión. A través de modalidades de inversión como la Alianza Púbico-Privada (APP) bajo la Ley Nº 5102/13 y la de contratos "Llave en mano" bajo la Ley Nº 5074/13 el Estado Paraguayo busca la participación del sector privado para la financiación y realización de proyectos de infraestructura. Estas leyes crean condiciones favorables para la participación del capital privado en el desarrollo de la infraestructura.

Los procesos licitatorios bajo la modalidad de los contratos “Llave en mano” se encuentran regulados por la Ley Nº 5074/13, la cual ha sido a su vez reglamentada por los Decretos Nº 5151/16 y 7374/17 – este último recientemente promulgado por el Poder Ejecutivo. Bajo la modalidad de este tipo de contratos, la empresa interesada en un proyecto debe encargarse del diseño, mantenimiento y costos de la supervisión de la obra, de la fiscalización y cumplimiento de normativa ambiental inherente a la misma, así como también de la financiación.  

En los contratos bajo la modalidad “Llave en mano” los riesgos de diseño y construcción son transferidos al sector privado, es decir a la empresa adjudicada, la cual debe cargar con todo costo adicional. La transferencia de los riesgos incentiva de manera positiva a la empresa adjudicada a ejecutar el contrato en tiempo y forma, evitando vicios ocultos y retrasos en la entrega de la obra, ya que mientras la entrega de la obra no se de, no se genera la obligación de pago por parte del Estado. Además, da previsibilidad al Estado, en virtud a que el precio de adjudicación es el precio final.

El Decreto Nº 7374 realizó importantes ajustes al procedimiento de licitación a través de esta modalidad en relación a los distintos tipos de ofertas que podrían presentar las empresas que eventualmente tengan interés. La normativa también regula las condiciones del pliego, la preselección, sus efectos y el rol determinante del Ministerio de Hacienda así como las condiciones de financiamiento de la obra.

El Decreto dispuso que la empresa interesada en participar del proceso de licitación, además de presentar una oferta técnica y económica, debe presentar una oferta de financiación de la obra, la cual estará sujeta a las condiciones del mercado financiero nacional e internacional.

La oferta técnica debe contener los elementos que demuestren la capacidad financiera, legal y técnica de la empresa oferente. Por otro lado, la oferta económica debe estar integrada por las cantidades y precios con los costos estimados por riesgos asociados. Las condiciones que el oferente realiza en su oferta técnica y económica, permanecen inalterables por todo el tiempo que dure la licitación.

 A su vez, la oferta de financiamiento debe contener las condiciones de financiación de la obra, en ella debe indicarse el monto, el plazo de financiamiento, y la tasa de interés ofrecida. Así también, el oferente debe presentar el modelo financiero y la estructuración de financiamiento con el detalle de sus costos.

Al procedimiento de licitación a través de esta modalidad, se ha agregado una etapa de pre selección de las ofertas, mediante la cual se agrupan las ofertas que cumplan con los requisitos legales y técnicos, cuentan con las calificaciones y la capacidad legal, técnica y financiera necesaria para ejecutar la obra y ofertan el menor valor presente neto. Las ofertas son agrupadas de menor a mayor teniendo en cuenta el valor presente neto.

La etapa de pre selección no tiene carácter vinculante, es decir, no crea derecho alguno a favor de las empresas preseleccionadas ni obliga a la Convocante a adjudicar la licitación a alguna de ellas.

El Ministerio de Hacienda, teniendo en cuenta la sostenibilidad fiscal, deberá dictaminar sobre la propuesta de financiamiento de las ofertas preseleccionadas en el término de treinta días de comunicada la preselección.  Durante dicho plazo, la empresa preseleccionada tiene la posibilidad de presentar una nueva propuesta en caso de que considere que existen mejores condiciones de financiamiento, siempre y cuando se mantenga o reduzca el valor neto de la oferta que hizo lugar a su preselección. Es en esta etapa donde el Ministerio de Hacienda puede intervenir y negociar las tasas financieras, como lo hace con los organismos de préstamo internacional.

El Comité de Evaluación solamente podrá recomendar la adjudicación de la licitación, previo pronunciamiento favorable del Ministerio de Hacienda. En caso de que Ministerio de Hacienda se expida en forma positiva, el Comité de Evaluación preparará un informe final recomendando la adjudicación. En caso de que no lo sea, la Convocante deberá rechazar la oferta preseleccionada pasando a analizar la siguiente mejor oferta reiniciándose nuevamente todo el procedimiento. Por último, se obliga a la empresa adjudicada a otorgar una garantía equivalente al 5% del valor de la obra o de cada parte terminada utilizable, cuando así lo disponga el Pliego de Bases y Condiciones.

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