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Desde la revolución industrial, la polución ambiental ha experimentado un crecimiento sostenido. La contaminación o polución implica la presencia de componentes exógenos nocivos (e.g. químicos, físicos o biológicos) en el entorno natural del ambiente, lo cual supone un perjuicio para los seres vivos.

La ley N° 6822/2022 establece el marco jurídico para los denominados “servicios de confianza” para las transacciones electrónicas. Son denominados servicios de confianza puesto que lo que se pretende es establecer unos determinados niveles de seguridad para lograr interacciones seguras entre los ciudadanos, las empresas y los organismos públicos.

La ley N° 6.822/2021 fue sancionada en el Congreso Nacional en el mes de diciembre de 2021. Esta ley fue promulgada por el Poder Ejecutivo el 30 de diciembre de 2021 y publicada en la Gaceta Oficial el 4 de enero de 2022.

Con una serie de 6 entregas el Dr. Alejandro Guanes, socio de GHP Abogados comentará los principales aspectos de la nueva Ley de Servicios de Confianza (LSC) con el objeto de tener un conocimiento general de la misma, mediante el desarrollo de los siguientes contenidos:

En Paraguay tenemos una bomba a punto de explotar. Esta bomba se llama Cateura. Hoy día, y en las condiciones en las que se encuentra, constituye un riesgo latente de polución, que va más allá de los límites geográficos del Paraguay. En el derecho ambiental la polución transfronteriza – o transboundary pollution, como se la denomina en inglés - es aquella que se origina en un país, pero que produce daños al medioambiente en otro.

Los nuevos criterios para identificar a las jurisdicciones “BONT” quedaron estipulados en el reciente Decreto N° 7402/2022 promulgado por el Poder Ejecutivo. El mismo modifica, en materia de precios de transferencia, el Decreto N° 4644/2020 que reglamenta la Ley N° 6380/2019 de “Modificación y Simplificación del Sistema Tributario Nacional.

Mucho hemos escuchado con respecto a la (ya no tan) nueva Ley N° 6380/2019 “De Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional” (Reforma Tributaria). Aunque en repetidas oportunidades la Autoridad Tributaria (SET) y el Poder Ejecutivo han enfatizado el hecho que la reforma tributaria no implicaba la creación de nuevos tributos ni el aumento de sus tasas, en la práctica la realidad ha resultado diferente. En muchos casos, el legislador introdujo nuevos hechos imponibles, expandió la base imponible, redujo las exoneraciones y fijó además nuevos tributos. Sin lugar a equívocos, la Reforma Tributaria busca ya no solo “formalizar” al país, sino obtener mayores ingresos tributarios para las arcas del Estado.

En nuestro derecho societario el capital se representa por acciones y las acciones a su vez se representan con los títulos, los que históricamente se han caracterizado por su materialidad, es decir, por la existencia de un sustrato instrumental, generalmente en papel.

FinTech, criptoactivos, blockchain, bitcoin, crowdfunding, P2P lending, ICO. A menudo escuchamos estos términos llamativos en boca de techies y finance people como conceptos complejos y difíciles de entender. Si bien esto podría llegar a ser así en cierto sentido, el mundo FinTech se vuelve bastante simple para alguien que maneja conceptos básicos de finanzas y derecho bancario, ya que los componentes del mundo FinTech son más de lo mismo, con la excepción de la implementación de nuevas tecnologías. Pero la esencia es siempre la misma.

El protocolo sanitario actualizado, vigente desde el 02 de junio de 2022, ya no requiere a los pasajeros cuenten con la dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 para ingresar a territorio paraguayo. Hace pocos días atrás se daba a conocer un protocolo donde se exigía “esquema completo y actualizado” con dosis de refuerzo cada 3 meses o 6 meses de acuerdo al caso, pero ya no se encuentra vigente desde que se dio a conocer esta actualización.

El mundo busca eliminar las restricciones a los viajes y Paraguay se suma a los países que vienen levantando gradualmente las prohibiciones de tráfico internacional ante una situación epidemiológica que se torna favorable actualmente y para los próximos meses. Luego de que el lunes 18 de abril el Gobierno Nacional anunciara la derogación del Decreto que declaraba emergencia sanitaria a dos años de su implementación por la pandemia de COVID-19 y a raíz de esto se dejara sin efecto también el uso obligatorio del tapaboca, el Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social publicaba el nuevo protocolo de ingreso a Paraguay en relación al COVID-19, que estaría ahora vigente desde el 19 de abril de 2022.

En el año 1995 entraba en vigencia en los países de la Unión Europea la Directiva 95/46/CE relativa a la protección de personas físicas en lo respectivo al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, con el objeto de los Estados miembros garanticen la protección de las libertades y de los derechos fundamentales de las personas físicas, en particular del derecho a la intimidad, en lo que respecta al tratamiento de datos personales.

El conjunto de prácticas y medidas internas implementadas a nivel corporativo en muchas empresas es un uso que se ha expandido a nivel nacional e internacional y ya es una regla en el funcionamiento day-to-day de cualquier compañía. Sin embargo, en los últimos tiempos el concepto de compliance se ha ido ampliando hasta abarcar otras áreas. Un ejemplo de ello es el llamado compliance ambiental. No es solo de vital importancia el adecuamiento de una empresa a las buenas prácticas green, sino que dicha adaptación por lo general evita las sanciones y elevados costos que acarrea el incumplimiento de la normativa ambiental. No obstante, en este breve artículo nos referimos a los requisitos estrictamente necesarios, abundando en compliance ESG y otros parámetros en otro artículo especializado.

En la actualidad en las economías más desarrolladas del mundo la valoración de los llamados activos intangibles ha ido ganando preponderancia en las empresas frente al tradicional valor de los activos tangibles, convirtiéndose en muchos casos en el principal activo de las empresas.

El modelo agro-ganadero ha resultado de vital importancia para el desarrollo económico del país en las últimas décadas. Podría incluso decirse el pilar de la economía paraguaya. Junto con la solidez macroeconómica que lograda por el Banco Central del Paraguay (BCP) con una política monetaria creíble, sumada a cierta responsabilidad fiscal desde el Ministerio de Hacienda durante los años del boom de los precios de materias primas, este modelo ha sido fundamental para permitir un crecimiento considerable, particularmente entre el 2012 y el 2018, del Producto Interno Bruto (PIB).

Desde su aparición a inicios de 2020, la pandemia desatada por el COVID-19 ha causado un profundo impacto en todos los niveles. Además de desnudar la histórica debilidad del paupérrimo sistema de salud pública y resaltar la inequidad social, el virus ha causado estragos en toda la economía. Aunque algunos sectores han reaccionado mejor y ya presentan algunos indicios de recuperación, a otros – por la naturaleza propia de sus actividades – les está costando mucho más reponerse. Sectores como el gastronómico, entretenimiento, eventos, turismo y aviación siguen experimentando en primera persona los devastadores efectos de la crisis.

Para muchos países, el turismo es un componente central a la hora de generar desarrollo económico y social. Su efecto catalizador permite la creación de empleados en múltiples sectores con los que se el sector se relaciona directa o indirectamente. La actividad turística permea en un sinnúmero de rubros colindantes, y en muchos casos inclusive, el turismo es un eje central del producto interno bruto (PIB) de cada país. Dado el rol que juega en la economía de ciertos países, se da que las políticas públicas están directamente dirigidas a potenciar su desarrollo. En otros, sin embargo, como lo es el caso del Paraguay, el turismo recién empieza a despegar.

Con la consolidación del uso de las redes sociales por millones de usuarios a nivel global, entre las que sobresalen Instagram; Facebook; Linkedin y Twitter, las mismas se han convertido en un canal muy atractivo para promocionar marcas. La promoción de las marcas a través de estas redes sociales inicialmente ha sido bajo un formato de alquiler de espacio para colocar los avisos correspondientes. Más recientemente, la tendencia es la de realizar publicidad de las marcas a través de los denominados “Influencers”.

En el marco del inicio del período de aplicación de la Ley 5414/2015 “Promoción de la disminución del uso de plástico polietileno” este 1° de julio, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) comunicó a través de su Circular SSECS N° 1/2021 que, si bien la aplicación de la ley inició en la fecha prevista, se contemplaría un período de ajuste y transición debido a la falta de suficientes empresas certificadas por el Instituto Nacional de Normalización, Tecnología y Metrología (INTN) que provean bolsas reutilizables a los comercios.

Históricamente, el turismo ha sido un rubro absolutamente olvidado en el Paraguay. Por décadas, el país registró el menor número de ingreso de turistas de toda la región. Además, su aislamiento geográfico era uno de los más pronunciados de todo el continente y la inversión en el sector era absolutamente deficitaria. La pobre conectividad aérea, la dificultad en los accesos terrestres, el ínfimo número de puentes fronterizos, el hecho de no contar con un ícono de atracción turística como son Machu Picchu, las Cataratas o glaciares, sumado a la inexistencia de políticas de promoción turística en el exterior, la ausencia de infraestructura adecuada y la falta de políticas públicas, fueron solo algunas de las razones que explicaron su escaso crecimiento y impacto prácticamente inexistente. Decir que Paraguay casi no existía en las guías turísticas internacionales no es una exageración.

Hace ya casi seis años, el Congreso sancionó la Ley N° 5414/2015 (la “Ley” o la “Ley de Uso de Plásticos”), que restringe el plástico de un solo uso y busca promover el uso de bolsas reutilizables y biodegradables. En el 2017, el Poder Ejecutivo promulgó un decreto reglamentario y el Ministerio de Industria y Comercio (“MIC”) emitió una resolución con sus lineamientos generales. La Ley fue de facto dejada sin efecto y luego fue prorrogada su aplicación debido a la emergencia sanitaria desatada por la pandemia del COVID-19 (Leyes N° 6636/2020, 6524/2020 y 6702/2020). Transcurrido un lustro y poco más desde su promulgación, con prórrogas y amparos de por medio, finalmente la Ley de Uso de Plásticos entrará en vigor este 1 de julio de 2021.

Se promulgó el pasado 24 de mayo la Ley Nro. 6738/2021 que establece la modalidad del Teletrabajo. Como antecedente inmediato de esta nueva ley debemos recordar que en el marco de las medidas de emergencia dispuestas por el gobierno nacional para reducir el impacto de la pandemia del COVID-19, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) dictó una resolución por la que se reglamentó el artículo 20 de la ley 6524 que declaró el estado de emergencia y que estableció las condiciones mínimas para las relaciones laborales del sector privado, que se desarrollen en carácter excepcional y temporal, mediante la modalidad de teletrabajo.

Este año, con la sanción de la Ley Nro. 6.706/2021, el Congreso Nacional estableció el denominado “Régimen Transitorio de Aportación al Instituto de Previsión Social (IPS)”. Dicho régimen crea temporalmente un esquema de aportes especial para aquellos empleadores que se hayan visto obligados a reducir sus actividades por la imposición de los protocolos preventivos ordenados por el Superior Gobierno Nacional con motivo de la pandemia del COVID-19. Recientemente, el 17 de mayo de 2021, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto 5299/2021, el cual a su vez modifica la reglamentación inicial del régimen que fuera adoptada por el Decreto Nro. 5062/2021.

En los últimos quince años, Paraguay ha gozado de una notoria solidez a nivel macroeconómico, lo cual a su vez le ha otorgado resiliencia a la hora de enfrentar los profundos desafíos de la pandemia. La tasa de inflación cerró el año 2020 con una variación interanual del 2,2%. Por otra parte, al cierre del primer trimestre de 2021, la inflación ha alcanzado 0,6%. Este dato toma especial relevancia al ser comparado con otros países de la región como Argentina que superó el 35% el año pasado, o Brasil que a pesar de un proceso de recuperación en su política económica superó el 4,5% durante el año.

Recientemente fue publicado el “Índice Mundial de Innovación”, un interesante material elaborado y presentado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Universidad Cornell, la INSEAD y otras instituciones colaboradoras, que clasifica los resultados de la innovación de unos 131 países y economías de distintas regiones del mundo, sobre la base de más de 80 indicadores.

Actualmente Paraguay es uno de los pocos países en el mundo occidental y en la región que aún no ha sancionado una ley especial para la protección de los datos personales.

Nuestra tradicional bebida conocida popularmente como “Tereré” fue recientemente declarada como “Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad” por la UNESCO. Esta bebida ancestral tiene su origen entre los pueblos indígenas habitantes originarios de las tierras de Paraguay quienes preparaban esta infusión a base de yerba mate (cuyo nombre científico cabe recordar es Ilex Paraguayensis) y hierbas medicinales naturales (pohá ñaná) que se encontraban en estado silvestre en los bosques y selvas.

La Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM) presentó recientemente una “Guía de Buenas Prácticas en Libre Competencia para los Gremios y Asociaciones Empresariales”. Este importantísimo material tiene el fin de que los gremios y sus asociados puedan detectar y evitar la comisión de actos contrarios a los principios de libre concurrencia y competencia en los mercados.

El derecho de uso exclusivo sobre una marca en nuestro país nace desde el momento en que se concede el registro de la marca a su titular. Entre los derechos que le asisten al titular de una marca registrada se incluye el derecho de otorgar licencias de uso sobre la marca, por ende, solamente el propietario de una marca registrada podrá otorgar licencia de uso. La licencia de uso es un acuerdo bilateral, en el cual el titular de la marca (licenciante) otorga a otra persona (licenciatario) el uso exclusivo o no de todo o parte de los productos y/o servicios que protege la marca registrada, sin transferir la propiedad de la marca

La estabilidad macroeconómica del país definitivamente aporta muchos beneficios. Diversos organismos internacionales han vaticinado que el Paraguay será el que menor impacto por COVID-19 sufra en su Producto Interno Bruto (PIB) en el 2020. No cabe duda de que las exportaciones del sector agropecuario han sido el principal sustento de la economía en este año tan particular marcado por una pandemia que azotó al mundo e hizo trizas a muchas empresas. El complejo sojero en su conjunto, incluyendo las ventas de granos, aceite y harina, permitieron entre enero y septiembre de este año el ingreso de más de US$ 2.600 millones tras la histórica siembra récord que superó diez millones de toneladas y a la que los precios internacionales acompañaron de cierto modo, a pesar de la crisis global.

La solidez macroeconómica del Paraguay en la última década le ha permitido reportar una serie de indicadores positivos. Entre ellos se incluyen el buen nivel de reservas internacionales, una inflación absolutamente controlada, una buena capacidad de respuesta y resiliencia ante shocks repentinos en la oferta y la demanda. Este conjunto de elementos le ha valido al país un incremento constante en la recepción anual de inversiones extranjeras, lo que se puede notar claramente en el caso del 2019, en el que a pesar de la inestabilidad política local y los factores externos como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el ingreso neto de capitales creció un 14% con respecto al 2018.

La Dirección de Firma Digital dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, siendo actualmente la autoridad de aplicación de las disposiciones de la ley sobre firma digital en nuestro país, ha estado abocada en la preparación de un anteproyecto de ley para establecer el marco jurídico de los denominados servicios de confianza para las transacciones electrónicas. Recientemente fue presentado en el Congreso Nacional el proyecto de ley “De los servicios de confianza para las transacciones electrónicas, del documento electrónico y los documentos transmisibles electrónicos”

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) se encuentra en pleno proceso de renovación de toda la normativa regulatoria en el ámbito de lavado de activos. El marco regulatorio se encuentra siendo actualizado de acuerdo con las fuertes exigencias del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) – organización intergubernamental de base regional que agrupa a 17 países del continente creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. A la fecha, el Paraguay se encuentra siendo evaluado por GAFILAT. Dicha evaluación busca determinar la capacidad de prevenir y combatir el lavado de activos. Una evaluación negativa podría contribuir significativamente al aislamiento financiero del país.

En los últimos años, el comercio exterior del Paraguay ha experimentado un crecimiento constante. Ahora bien, a finales del 2019 se ha notado un proceso de desaceleración, el cual a su vez evidentemente se afianzó con la llegada de la pandemia en marzo del 2020. Esto ha afectado tanto a las exportaciones como a las importaciones y siempre con un saldo superavitario en la balanza comercial. El mayor ingreso de divisas por las ventas con respecto a las salientes por las compras del exterior ha colaborado de cierta manera a la estabilidad de la moneda con una oferta de dólares equilibrada con respecto a la demanda.

La ley N° 6.480/2020 promulgada a inicios del presente año creó la nueva figura de la “Empresa por Acciones Simplificadas” (EAS) con el declarado objetivo de agilizar los procesos de apertura, operación y cierre de empresas, para formalizar el tejido empresarial del país y fomentar el emprendedurismo.

Como parte de las medidas de mitigación de las consecuencias causadas por la pandemia del COVID-19, el 12 de agosto de 2020 el Poder Ejecutivo promulgó la Ley Nro. 6589/2020. Con el objetivo de impulsar las operaciones comerciales de importación, exportación y tránsito de mercaderías en puertos y aeropuertos, desde el 12 de agosto de 2020 hasta el 31 de junio de 2020, la Ley de manera absolutamente inédita en materia de comercio exterior reduce en un 50% el quantum de las tasas y tarifas de cargas manejadas en los aeropuertos y puertos del país.

El sistema financiero paraguayo atravesó una profunda crisis en la década del noventa. Igual situación se produjo en el 2002, con la caída del Banco Alemán. Sin embargo, a partir de la última crisis financiera parecería ser que el Gobierno Nacional entendió por fin la importancia de dotar al Banco Central del Paraguay (BCP) de solidez institucional que a su vez genere una mayor confianza en todo el sistema. Entre todos los reguladores sectoriales, claramente el BCP es uno de los que ha adquirido mayor institucionalidad y ha permanecido, por lo general ajeno a los avatares de la quijotesca política paraguaya.

Uno de los pilares que sustentan la estabilidad macroeconómica del Paraguay es la acumulación de sus Reservas Internacionales Netas (RIN) y la prudencia institucional que ha tenido el Banco Central del Paraguay (BCP) para su resguardo y utilización en la política monetaria y cambiaria del país. Aunque es ciertamente “tentador” utilizar estas reservas en periodos de crisis para adquirir bienes, servicios o incluso otorgar créditos, es importante entender que las mismas son parte del sustento de la economía a nivel general.

El Paraguay se encuentra en pleno proceso de incursión a la implementación de los denominados “bonos verdes”, que básicamente constituyen instrumentos bursátiles ligados a proyectos que van en línea a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Si bien es una materia nueva para el mercado bursátil local, ya la base legal es una realidad y la Comisión Nacional de Valores (CNV) se encuentra promocionando la plataforma.

El transporte aéreo constituye un sector estratégico para el desarrollo económico del país. La paralización total de este sector a raíz de la pandemia de COVID-19 significó incalculables perjuicios económicos a la industria aeronáutica y, en consecuencia, esto podría representar un significativo riesgo a la conectividad aérea.

A partir de la implementación del Sistema Electrónico de Negociación (SEN) en la Bolsa de Valores de Asunción (Bvpasa) el mercado bursátil paraguayo ha tenido una considerable evolución, creciendo a niveles históricamente altos en solamente diez años. Si bien el volumen de negociaciones sigue siendo relativamente pequeño en comparación al de otras latitudes de la región, el crecimiento de este sector en el país sugiere que continuará en franca expansión proyectándose una empinada curva ascendente.

A través de los últimos quince años, el Paraguay ha logrado construir una estructura macroeconómica bastante sólida y estable con políticas claras tanto en lo monetario como con en el ámbito fiscal y esto se puede notar en la relativa resiliencia que ha logrado el país con respecto a la crisis económica generada por la pandemia en 2020. Varios son los organismos tanto a nivel nacional como internacional que vaticinan que nuestro país tendrá el menor impacto del covid en su Producto Interno Bruto (PIB) a nivel regional.

La economía nacional se ha visto negativamente afectada por la situación de la pandemia del COVID-19, y en especial ha golpeado duramente a las ciudades fronterizas que dependen en gran parte del comercio que hoy está paralizado debido al cierre de los límites con los países vecinos.

La pandemia del coronavirus llegó de manera repentina generando un gran perjuicio a casi todos los países del mundo y el nuestro no fue la excepción. Al margen del tema sanitario, la cuestión económica se presentó con importantes desafíos a ser atendidos por las naciones en vías de desarrollo; uno de ellos fue el crédito a empresas de pequeño porte.

El sastre es quien oficiosamente, confecciona trajes a la medida, tomando en cuenta la dimensión o longitud de cada parte del cuerpo, de forma tal, que la prenda quede simétricamente ajustada a la contextura del cliente, resaltando sus virtudes y ocultando defectos. De la misma manera, el abogado es la persona capacitada para “confeccionar” las empresas o sociedades de acuerdo con las necesidades y operaciones que se pretenda ejecutar. Analizar la relación entre los socios y conocer la forma que se pretende trabajar también son aspectos claves a examinar.

Se le atribuye a Abraham Lincoln la frase “Si debo derribar un árbol en 8 horas, emplearía 6 en afilar el hacha”. Desconozco si la frase efectivamente fue acuñada por el presidente norteamericano; no obstante, ella apunta a la preparación como elemento importante ante cualquier actividad.

En nuestra situación actual, con la pandemia por COVID-19, la liquidez en nuestros emprendimientos se volvió un problema de consideración. La reciente Ley N° 6542 o también conocida como Ley de Factoraje, pretende otorgar dicha liquidez - especialmente a las pymes quienes son las más aquejadas por esta circunstancia.

El poder ejecutivo ha dictado el Decreto N° 3.605 con fecha 19 de mayo de 2020 por el cual se habilita a las sociedades anónimas celebrar asambleas a distancia utilizando medios telemáticos, comúnmente referidas como “asambleas virtuales”. En esta nota señalamos y comentamos los aspectos más relevantes de dicho decreto.

En el mes de mayo del año 2020, la Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV) ha resuelto a través de la Resolución Nro. 6/20, modificar algunas disposiciones del Reglamento General de Mercado de Valores referentes a la emisión de títulos representativos de deuda. En este mismo sentido, resulta importante resaltar la relación existente entre los emisores de títulos de deudas y las sociedades calificadoras de riesgo, a través de la Ley Nro. 3899/09 que dispone entre otras cosas, la obligación de los emisores de valores de oferta pública que emiten títulos representativos de deuda de contratar, a su costo, la calificación de los títulos valores de deuda que emitan.

Conforme a datos publicados recientemente por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), del total de empresas en el país, el 97% son microempresas. Esta cifra nos muestra a las claras la tremenda importancia que tienen en la economía estas estructuras empresariales y por ende en contrapartida el enorme impacto que produce en estas estructuras empresariales la situación que vivimos en el país a causa de las medidas adoptadas por el gobierno nacional para prevenir y luchar contra la expansión de la pandemia del COVID-19.