| El Congreso
paraguayo logró sancionar una ley a través
de la cual se otorga al sector privado la administración
del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y otros
aeropuertos estatales. De ratificarse la decisión
por el Presidente Fernando Lugo, en el 2012 se materializaría
la concesión.
La Cámara de Diputados aprobó en general
el proyecto de concesión de aeropuertos y,
al intentar introducir modificaciones, la sesión
quedó sin quórum.
De esta manera, quedó vigente por sanción
ficta el documento ya aprobado en el Senado el pasado
16 de diciembre.
La decisión ahora recae en el presidente de
Paraguay, Fernando Lugo, quien deberá optar
entre poner en vigencia o vetar el documento.
De obtenerse la ratificación del Ejecutivo,
la ley de concesión regirá para el Aeropuerto
Internacional Silvio Pettirossi de Asunción,
el Guaraní de Ciudad del Este y el aeródromo
de la ciudad de Mariscal Estigarribia.
La intención de los Diputados era incluir otras
terminales; sin embargo las modificaciones introducidas
no rigen, debido a que “la ley es un cuerpo
entero y debía tratarse hasta el final”,
explicó a la 780 AM el ministro de Obras, Efraín
Alegre, al señalar que los legisladores se
retiraron antes de culminar el tratamiento.
Alegre garantizó que con la decisión
del Congreso, la concesión es un hecho, ya
que el presidente Lugo no se opondrá, según
refirió.
“Desde luego que va a ratificar”, aseveró
al ser abordado sobre el anuncio de los sindicalistas
de la Dirección Nacional de Aeronáutica
Civil (DINAC), quienes adelantaron que recurrirán
al mandatario para buscar el veto.
Los trabajadores aeroportuarios, quienes incluso amenazaron
con iniciar una huelga, argumentan que la vigencia
de la ley significará entregar parte de la
soberanía del país.
El ministro comentó que actualizarán
las bases y condiciones de la licitación para
la concesión, a fin de iniciar el llamado a
las empresas interesadas a fines de este año.
De esta manera, para el 2012 los aeropuertos serían
administrados por manos privadas, según estimó.
Por su parte, el diputado Óscar Tuma lamentó
la aprobación de la concesión y aseguró
que el proyecto tiene como trasfondo un negociado.
Cuestionó que se tercericen los aeropuertos
y se renuncie a una importante recaudación
que tenía el Estado en el sector.
Rechazó el argumento de Alegre, quien explicó
que la concesión se impulsó ante la
imposibilidad monetaria del Gobierno para mejorar
la infraestructura.
Aseguró que se requería de US$ 70 millones
para reformar todo el sistema aeroportuario.
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